El suelo de España es de los españoles, no de los burócratas y políticos. Exigir su liberalización, lejos de ser un nuevo derecho, es recuperar uno perdido.
En España, el suelo está encadenado por regulaciones que priorizan árboles y bichos por encima de las necesidades de las personas y a la vez, haciendo gala de una profunda incoherencia, destruyen patrimonio natural centenario para instalar placas solares.
El gobierno parece más interesado por atender intereses de la Agenda 2030 que a sus propios ciudadanos.
La propuesta de una liberalización total del suelo busca cambiar eso: todo terreno debería ser libre para construir, salvo en Parques Nacionales y zonas de Patrimonio Histórico.
El dueño del suelo, mientras respete una normativa ambiental simple y clara y a sus vecinos, debe poder usar el suelo como mejor le parezca.
Basta de trabas burocráticas que impiden a la gente tener una casa digna. ¿Por qué un campo en medio de la nada no puede ser el hogar de alguien que lo necesita? Este artículo defiende que el bienestar humano debe estar por encima de todo, analizando cómo hacer realidad esta idea en España.
El problema: Un sistema que frena a las personas
La mayoría del suelo español es no urbanizable, según el Real Decreto Legislativo 7/2015 (Ley de Suelo). ¿El resultado? Un lío de permisos, planes urbanísticos y restricciones que hacen imposible construir en un terreno rural, aunque esté en el quinto pino. Esto no protege el medio ambiente; protege los intereses de políticos y grandes constructoras que controlan el mercado inmobiliario.
Mientras, la gente normal no puede permitirse una vivienda porque los precios están por las nubes.
¿Qué impide que alguien compre un terreno barato y construya su casa?:
- Burocracia: Planes de ordenación urbana (PGOU) que deciden qué se puede hacer y qué no, a menudo con criterios arbitrarios.
- Infraestructuras: Exigen agua, luz y alcantarillado, pero no permiten que la gente lo resuelva por su cuenta.
- Intereses: La especulación y el amiguismo político mantienen el suelo caro y restringido. Las grandes constructoras, asociadas a grandes fondos de inversión tienen poder de lobby y músculo financiero para «aceitar» procesos que son imposibles para un ciudadano común.
El cuidado ambiental es una excusa recurrente, pero seamos claros: las personas son más importantes que las plantas y los animales. Si alguien necesita un hogar, no debería ser rehén de normativas que defienden un pedazo de campo con tres hierbajos secos a costa de su bienestar.
La solución: Libertad para construir
La liberalización total del suelo significa que cualquier terreno es apto para construir, salvo en áreas estrictamente protegidas como los Parques Nacionales o el Patrimonio Histórico. Esto abarataría el suelo (en zonas rurales, el metro cuadrado puede costar menos de 10 euros) y permitiría a la gente construir su casa sin pedir permiso a nadie. ¿Falta de servicios? Que cada uno se las arregle:
- Agua: Un pozo con perforación, regulado para no abusar, pero sin trabas absurdas.
- Saneamiento: Fosas sépticas, como se usa en medio mundo.
- Energía: Paneles solares y baterías, que hoy son baratos y eficientes.
- Caminos: Calles de tierra o pavimentación pagada entre vecinos, sin esperar a que el ayuntamiento se digne.
Esto no es utopía: es lógica básica. Si una familia necesita un techo, no debería estar sujeta a leyes que anteponen un arbusto a su derecho a vivir dignamente.
Argentina: Un ejemplo de libertad
En Argentina, el suelo está mucho menos regulado. En zonas rurales de provincias como Mendoza o San Luis, cualquiera puede comprar un terreno, construir una casa y resolver los servicios básicos por su cuenta. No es perfecto: hay desorden y a veces impacto ambiental. Pero la gente tiene casas, y no espera a que un burócrata les dé permiso.
En España, con nuestra obsesión por controlarlo todo, esto parece ciencia ficción, pero ¿por qué no podría funcionar? La Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local da poder a los municipios, pero eso no debería ser excusa para bloquear iniciativas individuales.
Ejemplos en España: Pasos en la dirección correcta
Aunque España está lejos de la liberalización total, hay casos que muestran que se puede priorizar a las personas.
En Galicia, aldeas abandonadas se están repoblando porque algunos ayuntamientos facilitan la compra de terrenos rústicos para nuevos vecinos. En Castilla-La Mancha, hay proyectos de viviendas modulares en zonas rurales que aprovechan suelos baratos y soluciones como energía solar. Estos ejemplos demuestran que, si se quiere, se puede. Solo falta quitar el freno de mano.
¿Y el medio ambiente? Cuidado razonable, no obsesión
Nadie dice que haya que arrasar el campo. Proteger Parques Nacionales y sitios históricos es lógico. Pero no tiene sentido bloquear miles de hectáreas por un supuesto «valor ecológico» mientras la gente no tiene dónde vivir. La normativa europea, como la Directiva Hábitat, puede ser un obstáculo, pero España debería negociar excepciones para priorizar el bienestar humano. Y si hay que limitar el impacto, que se promuevan casas sostenibles (con paneles solares o materiales reciclados) en lugar de prohibir todo.
Los riesgos de la liberalización, como la especulación o el descontrol urbanístico, se pueden evitar con reglas claras: limitar el tamaño de las parcelas, gravar a los acaparadores y fomentar comunidades organizadas. Pero siempre poniendo a la gente primero.
Conclusión: Es hora de poner a las personas por delante
La liberalización total del suelo en España no es una locura; es una necesidad.
Mientras las regulaciones sigan poniendo a los animales y las plantas por encima de las personas, el sueño de una casa propia seguirá siendo inalcanzable para muchos. Argentina nos enseña que la libertad funciona. Galicia y Castilla-La Mancha muestran que se puede empezar. Es hora de abolir las trabas, simplificar las leyes y dejar que la gente construya su futuro.
Actúa ahora: Habla con tus vecinos, presiona a tu ayuntamiento y exige un cambio. Comparte esta idea en redes sociales y hagamos que el suelo sea para las personas, no para la burocracia.
